El desembarco sin debate: Milei autoriza el ingreso de tropas estadounidenses por decreto
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El desembarco sin debate: Milei autoriza el ingreso de tropas estadounidenses por decreto
El Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025, firmado por Javier Milei y publicado el 29 de septiembre, permite el ingreso de fuerzas militares estadounidenses a la Argentina entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, para participar en los ejercicios denominados “Tridente”.
La decisión fue adoptada sin la aprobación previa del Congreso, tal como exige la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 28, que establece que solo el Parlamento puede autorizar la entrada de tropas extranjeras al país.
El decreto habilita la presencia de efectivos de la unidad de “Guerra Especial Naval” (Naval Special Warfare) de Estados Unidos en bases de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano, puntos estratégicos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el Ejecutivo justificó la medida en la “necesidad y urgencia” de sostener compromisos internacionales de defensa y cooperación, aunque no se acreditó ningún hecho excepcional que impidiera la intervención del Congreso.
La medida despertó una ola de críticas políticas y sociales. Legisladores opositores, juristas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que el DNU constituye una violación directa del orden constitucional y una cesión de soberanía militar.
En Tierra del Fuego, la reacción fue especialmente dura: el gobernador y representantes locales expresaron preocupación por la instalación de tropas extranjeras en una provincia clave para la proyección argentina sobre la Antártida y las Islas Malvinas.
No es un hecho aislado. Forma parte de un alineamiento político cada vez más evidente entre el gobierno argentino y Washington, expresado en gestos diplomáticos, acuerdos financieros y el respaldo abierto del FMI y del Departamento de Estado a la política económica de Milei.
La autorización de ejercicios militares estadounidenses sin debate parlamentario parece consolidar ese rumbo: el de una Argentina subordinada a los intereses estratégicos de la Casa Blanca en el Cono Sur.
El argumento de la “colaboración militar” encubre una política de dependencia. La historia latinoamericana demuestra que la presencia de tropas extranjeras nunca fue sinónimo de cooperación, sino de condicionamiento. Desde Panamá hasta Colombia, las bases militares norteamericanas han servido como plataforma para operaciones de control regional, no de defensa común.
En nombre de la urgencia, Milei pretende convertir en norma la excepción, eludiendo los controles democráticos y abriendo la puerta a la injerencia militar extranjera. El Congreso deberá revisar el DNU, pero más allá del trámite formal, el fondo del asunto es político: se trata de la soberanía, del derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir sobre su propio territorio y su seguridad.
La Argentina que alguna vez fue ejemplo de autodeterminación y neutralidad en los conflictos globales se enfrenta hoy a un retroceso histórico. El ingreso de tropas estadounidenses sin debate no es un ejercicio de cooperación: es un símbolo de rendición.
Antecedentes históricos de la presencia militar extranjera en América Latina
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La historia reciente del continente demuestra que la presencia militar de Estados Unidos nunca fue neutral. En 1941, bajo el pretexto de la defensa hemisférica, Washington instaló bases en Panamá, Puerto Rico y otros puntos del Caribe, consolidando un control estratégico sobre las rutas marítimas y aéreas del continente. Décadas más tarde, la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional” justificó dictaduras y operaciones encubiertas en nombre de la lucha contra el comunismo, con asesoramiento directo del Pentágono y la CIA.
En los años 80, la injerencia militar se intensificó con el financiamiento de la “Contra” en Nicaragua y las intervenciones en Granada y Panamá. Más recientemente, el Plan Colombia —iniciado en 1999— instaló tropas y contratistas estadounidenses con el argumento de combatir el narcotráfico, aunque en los hechos consolidó una red de control sobre los Andes y la Amazonía.
Otro ejemplo fue la base de Manta, en Ecuador, donde operaron fuerzas estadounidenses durante una década hasta que el presidente Rafael Correa ordenó su retiro en 2009, recordando que “no puede haber una base extranjera en suelo ecuatoriano si no existe una base ecuatoriana en Estados Unidos”.
En 2008, el reestablecimiento de la IV Flota del Comando Sur, encargada de patrullar las aguas de América Latina y el Caribe, marcó el regreso explícito de la presencia militar estadounidense en la región. Su zona de acción incluye el Atlántico Sur, donde se encuentran la Antártida, las Islas Malvinas y la plataforma marítima argentina.
Cada una de estas experiencias dejó la misma enseñanza: la instalación o participación de fuerzas extranjeras, bajo cualquier forma de cooperación, termina subordinando las decisiones soberanas a los intereses estratégicos de Washington. El decreto de Milei se inscribe en esa línea de continuidad, reeditando una práctica que América Latina ya conoce demasiado bien.
Conclusión
Imagen: Commons.wikimedia
El decreto que autoriza el ingreso de tropas estadounidenses no es un hecho administrativo: es una definición política. Refleja la renuncia del Estado argentino a ejercer plenamente su soberanía y la aceptación de un rol subordinado en la estrategia militar de Estados Unidos en el Atlántico Sur. No hay urgencia que justifique semejante cesión, ni cooperación que valga si se firma al margen de la Constitución.
América Latina ha pagado un precio alto cada vez que permitió el ingreso de fuerzas extranjeras en su territorio. Las bases, los ejercicios conjuntos y las “misiones de asistencia” siempre trajeron más dependencia que seguridad. Por eso, este episodio trasciende la coyuntura: es una señal de alarma para toda la región.
Defender la soberanía no es un gesto romántico ni un recuerdo del pasado. Es una necesidad concreta en un mundo donde las potencias redibujan mapas, disputan recursos naturales y controlan rutas estratégicas. La Argentina no puede convertirse en plataforma de intereses ajenos. Aceptar tropas extranjeras sin debate ni mandato popular no es una muestra de fortaleza, sino de sometimiento.
El desafío, una vez más, es elegir entre la subordinación o la autodeterminación. Y esa decisión, por derecho y por historia, le pertenece al pueblo argentino.
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